Insolidaridad fiscal

El gobierno insiste en que es una reforma para cerrar privilegios que permiten pagar más impuestos a los de más ingresos. Pero con el manejo del dinero público poco se ha hecho, comenzando por generar una nueva relación con los contribuyentes, así como con la transparencia y rendición de cuentas.

Los debates sobre la reforma hacendaria proyectan con crudeza posiciones y corrientes de insolidaridad que reproducen la exclusión social. Las reacciones contra tentativas de acotar privilegios y promover que paguen más quienes más ganen, muestran las resistencias a  hacer del país una casa más  habitable. La política fiscal es como una especie de espejo que refleja hasta dónde el gobierno y grupos de interés están dispuestos a adherirse a causas mayores que la defensa de sus ventajas y tratos especiales.

La discusión ha sido prodiga en ejemplos de las energías que orientan nuestro comportamiento e impulsan a evitar un cambio en algo que,  si así se pudiera llamarse, atiende a la sique colectiva. Entre ellos, como botón de muestra, cabe  citarse el razonamiento de la cúpula empresarial acerca del efecto perverso,  para los pobres, de elevar impuestos a refrescos y comida chatarra.

Eso —defienden— es lo que puede comer y beber la mayoría de la población del país,  y por tanto, si se eleva el precio sería un atentado contra la ingesta calórica que requieren para trabajar. Siguiendo su razonamiento, en aras de la “alimentación de los pobres” habría que mantener el daño nutricional que ha convertido a la obesidad en un problema de salud pública; o como también se ha escuchado estos días, alentar el consumo de refrescos porque hay lugares que carecen de agua potable, en lugar de debatir sobre la forma de supervisar y vigilar el manejo de recursos para garantizar que los impuestos sirvan para que haya servicios públicos adecuados....

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