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Remarks: Mauricio Funes, President of El Salvador, at the 41st Washington Conference

May 11, 2011

Remarks by President of El Salvador at the 41st Washington Conference on May 11, 2011.

Buenos días, permítanme, para comenzar, expresar mi agradecimiento a los organizadores de este encuentro, que me formularon la invitación para exponer esta mañana.

Agradezco también a las autoridades del Departamento de Estado, especialmente, a la Secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton, por su amabilidad, hospitalidad y generosidad con que siempre nos recibe.

Pensar en las oportunidades que se abren a partir de los cambios –grandes cambios, habría que enfatizar- que se operan en nuestra América, nos remite de inmediato a nuestros propios sueños.

Los latinoamericanos soñamos con una sociedad que elimine para siempre la violencia, la marginalidad y la injusticia que nos acompañan –con sus más y sus menos- desde nuestra independencia.

Soñamos con una sociedad que honre la vida, en todas sus manifestaciones. La paz, la seguridad, la vida digna, con educación de calidad que nos permita abrirnos paso y avanzar hacia el futuro, con empleos e ingresos justos y suficientes, con plenos accesos a la cultura y a las tecnologías. Es el sueño humilde pero a la vez grandioso que sueña cada uno de nuestros hijos e hijas de toda Latinoamérica.

¿Podemos, acaso, ser más ambiciosos? ¿No es esa vida la que soñamos?
Si me preguntan a mí, como mandatario del más pequeño país del continente, con una historia signada por la violencia, la injusticia y la desigualdad de oportunidades; si me preguntan que deseo para mi pueblo y cuál es el afán que me mueve como Presidente, no vacilaré en decir que quiero esa vida digna para las salvadoreñas y los salvadoreños.

De modo que cuando nos ponemos a pensar en las oportunidades vemos que las mismas aparecen por las circunstancias mundiales, de una parte, pero fundamentalmente por la mirada optimista que tenemos, por ese afán que mueve a los pueblos, por esa esperanza que mueve el motor del cambio y de la búsqueda de superación de los obstáculos y los problemas.

Pero también, y porque no decirlo, porque en las últimas décadas hemos aprendido de la historia y hemos comenzado a manejar mejor los asuntos públicos, las políticas macroeconómicas y los conflictos sociales.

América vive tiempos de cambio. No son cambios violentos, no son sismos; son cambios progresivos, que parecen lentos, pero que avanzan inexorablemente porque son profundos, no se detienen en la superficie de las cosas y están sustentados, en la mayoría de los casos, en procesos democráticos y participativos.

Deseo referirme particularmente a la América Latina; la América morena, plural, multifacética; la América que tiene sus propias características subregionales –el cono sur, los países andinos, el Caribe, Centroamérica- y que, sin embargo, es una comunidad de origen marcada por la lengua, la historia, la cultura.

Antes deseo hacer una breve digresión porque es preciso enmarcar el proceso latinoamericano de sus últimas décadas en el también cambiante contexto mundial.

La segunda mitad del siglo pasado comenzó con la llamada Guerra Fría y parecía que la bipolaridad que dominaba y tensionaba la vida planetaria era una realidad sólida que se proyectaría en el tiempo por un largo período. No fue así. Sólo tres décadas bastaron para que una nueva etapa mundial comenzara a abrirse paso.

En pocos años, aquel escenario que hasta entonces era dominado por un par de actores cambió radicalmente y fue sustituido por una realidad convulsa y compleja en la que aún quedan muchos paradigmas por decidir.

Dos palabras, sin embargo, ayudan a definir la nueva era de nuestro planeta que surgió a partir de esa ruptura y en la que cada vez es más difícil encontrar asideros sólidos sobre los que construir definiciones que abarquen la totalidad.

Esas palabras son, a mi entender, globalización y multilateralismo.

No es mi intención referirme en profundidad a estos fenómenos. Sólo quiero subrayar que asistimos a la aceleración del fin de las hegemonías de los estados, que las integraciones se abren paso y consolidan, que el multilateralismo ha comenzado a ser una voz y una realidad cada vez más frecuente en los foros mundiales.

En efecto, ya no se puede pensar Europa, sin la Unión Europea. Ya no se puede pensar aisladamente en Brasil y Argentina, sin pensar en Mercosur; en fin, ya no se puede pensar el presente y futuro del planeta sin los nuevos “gigantes” que han surgido como fruto del fin de la bipolaridad: China, India Y Brasil, entre otros.

En este nuevo contexto ha sido el propio Presidente Barack Obama quien ha señalado el nuevo rumbo: el del liderazgo multilateral. Los vínculos que los Estados Unidos mantienen en la actualidad con la comunidad internacional no son los mismos que sostenía hasta hace apenas un par de décadas.

Pero me interesa aquí destacar que ha sido también el propio Presidente Obama quien ha anunciado la voluntad de construir un nuevo vínculo con la América Latina. Y así ha inaugurado lo que, creo, será el comienzo de una nueva forma de relacionarse entre los Estados Unidos y la América Latina.

Hace más de cuatro décadas, el gran poeta y ensayista mexicano, premio Nóbel y uno de los más grandes intelectuales latinoamericanos, Octavio Paz, escribía que nuestra amada Latinoamérica sólo conseguiría establecer un diálogo, un verdadero diálogo con los Estados Unidos cuando lograra articularse como una sola voz.

Debíamos crecer los latinoamericanos para ser tomados en cuenta por el gran hermano del Norte, que mientras tanto debía también resolver el problema de sus minorías. En ambos casos, el proceso sería la integración. En un caso, integración de los países que, aisladamente, no tienen destino en un mundo cada vez más competitivo. En el otro, integración de esas minorías raciales para mirarse íntegro y luego mirar hacia los otros.

Considero que la reciente gira del Presidente Obama por Brasil, Chile y mi país, El Salvador, es el inicio de un nuevo tiempo. Es la reafirmación de la oportunidad del diálogo adulto, maduro y necesario entre las dos grandes regiones americanas.

Y aquí regreso al proceso latinoamericano.

En los años 50 y 60 se vivió en Latinoamérica –en general- una ola de revoluciones nacionales que significó –para decirlo sintéticamente- el mayor intento para lograr la incorporación de las grandes mayorías a la vida política, económica y social. Fue un proceso de democratización que en Estados Unidos, en general, se interpretó como un proceso que amenazaba sus intereses, lo que llevaba de suyo una cierta incomprensión de la naturaleza más profunda de esas experiencias.

A esos gobiernos populares los enfrentaron las fuerzas conservadoras que usaron sistemáticamente a los militares como ejecutores de los golpes de Estado.

Así, no sólo la América del Sur, sino toda Latinoamérica vivió un cuarto de siglo bajo dictaduras, alguna de ellas verdaderamente sangrientas.

Pero desde los ochenta en adelante, los países latinoamericanos recuperaron su democracia y han desarrollado un proceso continuo de fortalecimiento de sus instituciones democráticas, que hace pensar que los golpes militares son cosa del pasado. Y paralelamente los pueblos avanzan en la conquista de los derechos humanos y sociales que les fueron negados históricamente.

Algo similar ha sucedido en Centroamérica, con excepción de la lamentable experiencia hondureña de 2009. Poco a poco, la locura de las dictaduras y del mesianismo castrense que ensombreció nuestro pasado, ha dado paso a una región que quiere vivir en paz, repito: que apuesta unánimemente por la democracia y el respeto a los derechos humanos y que avanza con decisión para superar la que siempre fue su gran asignatura pendiente: la desigualdad y la injusticia.

Un caso paradigmático, en este sentido, es mi país.

El Salvador vivió una guerra civil, un conflicto armado que enfrentó durante años a hermanos contra hermanos y a partir de 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz, inició un proceso de recuperación de su democracia y de sus instituciones.

En ese lapso un solo partido gobernó por cuatro mandatos sucesivos de cinco años cada uno. Dos décadas enteras estuvo Arena en el gobierno y la ex guerrilla, el Frente Farabundo Martí de Liberación nacional, FMLN, se convirtió en la principal fuerza de oposición, con una numerosa representación parlamentaria y con el gobierno de más de 90 alcaldías municipales.

Hasta que en las elecciones de marzo de 2009 el pueblo votó por el cambio, votó por la alternancia, y eligió al candidato del FMLN.

Quiero recordarles que durante la campaña presidencial se agitaba el temor de que la llegada de un gobierno de izquierda significaría la pérdida de las libertades, el caos económico y el enfrentamiento volvería a ocupar el centro de la escena política nacional.

Nada de eso ocurrió. Por el contrario, se vivió una transición ordenada.

El gobierno que presido, consciente de las grandes tareas que había que emprender, de los enormes desafíos por delante, se constituyó como un gobierno plural y de diálogo que convocó de inmediato a la unidad nacional.

En suma, la alternancia ha significado en los hechos un fortalecimiento de las instituciones que era una tarea pendiente.

La independencia de los poderes comenzó a ser una realidad. El diálogo continuo y los consensos como nueva forma de gobernar fueron imponiéndose.

En estos dos años de gobierno hemos instituido el Consejo Económico y Social, que es de carácter consultivo, como un ámbito de participación directa de los empresarios, los trabajadores, las organizaciones sociales y la academia.

Las iniciativas del Órgano Ejecutivo se presentan allí, donde son debatidas y cada sector expresa su opinión y recomendaciones.

A la par, los partidos políticos tienen también un ámbito de participación directa en la Comisión Consultiva, que presido personalmente. Aquí se analizan, debaten y acuerdan los grandes temas de Estado, como etapa previa al envío de los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. De este foro forman parte también los ex presidentes que cumplieron su mandato desde los Acuerdos de Paz en adelante.

Este es un ejercicio de diálogo y consenso inédito que se irá imponiendo por una razón que, a mi juicio, es insoslayable: el pueblo salvadoreño ha apoyado y apoya fuertemente esta nueva forma de gobernar, cansado de las tensiones y enfrentamientos que marcaron largas décadas en el país.

Este es el primero y no menos importante, gran cambio que se ha gestado como resultado del ejercicio de la alternancia política: el cambio en la forma de hacer las cosas, en el ejercicio del poder político y en la construcción de las políticas públicas.

Hemos pasado de una concepción patrimonialista del Estado, en donde este era utilizado para asegurar la acumulación de unos cuantos grupos empresariales, a un ejercicio democrático del poder, donde el gobierno se inspira en el cumplimiento de objetivos nacionales.

Este período de diálogo y concordia debe ser el prefacio del logro de la seguridad y la paz definitiva en El Salvador. Estoy convencido de ello porque observo que el pueblo está convencido de que este es el camino correcto que debemos seguir.

Ahora bien: mientras el proceso democrático se afianza y las instituciones políticas se modernizan, en toda América Latina se está gestando, desde hace pocos años, otro cambio esencial, que es el cambio del paradigma económico y social.

Un cuarto de siglo de predominio de las políticas neoliberales, con modelos basados esencialmente en la especulación financiera, la concentración de la riqueza y la apertura indiscriminada, determinaron el crecimiento de la pobreza, la exclusión y, en muchos casos, la desarticulación del tejido productivo de los países.

La errónea teoría del “derrame” –que prometía crecimiento y bienestar para las grandes mayorías una vez que la cúpula recibiera los grandes beneficios de las economías nacionales- mostró crudamente su falacia.

La crisis desatada en el sistema financiero a partir de 2008 golpeó duramente a nuestros países, en particular a aquellos con economías más dependientes del mercado norteamericano, como es el caso de El Salvador.

Sin embargo, esa misma crisis sirvió para confirmar que el nuevo modelo de gestión económica y social que venía implementando Brasil o Chile, por ejemplo, era un camino viable y necesario. De hecho, Brasil tal vez haya sido el país que menos sufrió la crisis de 2008, precisamente porque había desarrollado fuertemente su aparato productivo, había diversificado sus mercados y había convertido a la lucha contra la pobreza en un factor clave de su nueva política económica.

Nuestra economía –hablo ahora esencialmente de El Salvador, pero podríamos extender el mismo análisis a otros países de Centroamérica y el Caribe- sufrió en las dos últimas décadas la pérdida de su tejido productivo y una cada vez mayor dependencia del mercado norteamericano.

Debido al abandono a que fue sometida la agricultura ahora debemos importar el 30% del frijol; el 70% del arroz, el 30% del maíz y más del 90% de las frutas y hortalizas que consumimos los salvadoreños.

Al iniciar nuestra gestión el país estaba endeudado en un poco menos del 50% del Producto Bruto Interno y sufríamos las consecuencias de dos crisis convergentes: de un lado, la crisis financiera mundial; y del otro, la crisis acumulada de 20 años de erróneas apuestas económicas, que significaron un gran incremento de la concentración de la riqueza y la injusticia distributiva.

El Salvador padece de una elevada pobreza estructural, fruto de aquel mismo modelo de concentración que hemos comenzado a desmontar paulatinamente.

Déjenme decirles que la concentración no había sido sólo económica. Había sido también política. El mismo partido de gobierno dominaba la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. A tal punto que aún los nostálgicos de aquel régimen ven el actual proceso de recuperación institucional, de democratización real y

de independencia de poderes como factores de inseguridad.

Los ministros y funcionarios del área económica de los gobiernos se elegían en las oficinas de los cuatro o cinco grandes grupos empresariales o en las oficinas de las gremiales empresariales controladas por estos mismos grupos que se aseguraban de ese modo sostener y ampliar el régimen de privilegios que les garantizaba la más alta rentabilidad.

Sin virajes traumáticos, en dos años se está generando una democratización real del país y se ha comenzado a sentar las bases de un nuevo modelo de gestión económica y social.

Se ha creado un Sistema de Protección Social Universal sin precedentes para atender las necesidades dramáticas de amplísimos sectores sociales sumergidos en la pobreza y la exclusión.

Paralelamente, hemos comenzado a recuperar la productividad del campo salvadoreño y a generar las bases de un sistema financiero destinado en esencia a financiar el proceso productivo, mientras la banca privada opera casi con exclusividad con préstamos para el consumo.

Después de dos años de una férrea disciplina fiscal, de promoción de las actividades productivas el país ha comenzado a recuperar el ritmo del crecimiento. En el año 2009 registramos una caída del -3.8 % del PIB. En 2010 se detuvo la caída y ya este año estaremos creciendo al 2,5%.

El primer trimestre de este año muestra una evolución alentadora de los principales indicadores económicos: han crecido las exportaciones; las remesas de los salvadoreños radicados en el exterior han aumentado también; sectores como la construcción –que fue quien más sufrió la crisis-, la maquila y la agricultura han recuperado visiblemente la actividad, al punto que ya se están recuperando los puestos de trabajo que se perdieron como resultado de la crisis de los años anteriores.

De todos modos, para lograr los objetivos trazados, la economía de El Salvador necesita crecer a una tasa cercana al 4% al final de 2014, generar al menos 250 mil nuevos empleos decentes, ejecutar proyectos de inversión pública, aumentar las exportaciones al menos en 20% y mantener la inflación cercana al 2.8% al final de 2014.

Asimismo, El Salvador debe reducir el déficit fiscal en relación al PIB a un nivel inferior al 2.0% al final del período, disminuir la deuda externa pública en relación al PIB a un nivel inferior al 46% al final del período, y lo más importante, reducir la pobreza entre 12 y 15 puntos porcentuales en 5 años.

Evidentemente, este Plan requiere de los recursos necesarios en materia de inversión y de tributación. Es por ello que se ha abierto en el seno del Consejo Económico y Social el debate tendiente a alcanzar con todas las fuerzas vivas del país un Pacto Fiscal, que será en verdad un pacto de nación.

Actualmente la carga tributaria del país -porcentaje de los ingresos fiscales en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) del país- es de apenas el 14,1%. Desde ya, en el Consejo Económico y Social, antes de hablar sobre impuestos, debemos acordar en qué debemos invertir el gasto público, cómo podemos apoyar temas estratégicos como la seguridad, cómo vamos a rendir cuentas, qué nivel de déficit y deuda pública estamos dispuestos a asumir.

Allí están, pues, los objetivos presentados, que son realistas y hasta superables, diría yo. Se trata de ponernos de acuerdo y poner en ejecución ese Pacto Fiscal que se constituirá en la base de un programa de desarrollo para la siguiente década.

Señoras, Señores:

El Salvador está a las puertas de una gran oportunidad y somos optimistas en cuanto a las perspectivas ciertas de abrir un proceso cierto de desarrollo estable con inclusión social.

La segunda revisión del acuerdo Stand-By indica que la política fiscal impulsada por el Gobierno ha ayudado a mitigar los efectos de la desaceleración económica, se han logrado proteger las prioridades sociales y se han cumplido todos los criterios de desempeño del programa.

En dos años se ha logrado reducir el déficit fiscal de 5.6% a 4.2 por ciento respecto al Producto Interno Bruto. Y esta reducción en el déficit refleja el aumento en la recaudación de impuestos producto de las reformas fiscales y del control en el gasto.

Y al mismo tiempo, las condiciones objetivas del país y la rica experiencia de profundización democrática han sido factores importantes a la hora en que la administración del Presidente Barack Obama ha elegido –en Latinoamérica- sólo a nuestro país para iniciar su nueva política de cooperación, que es el Asocio para el Crecimiento.

Los equipos de economistas de ambos países ya han finalizado el estudio para determinar cuáles han sido los principales obstáculos para el crecimiento salvadoreño y ya tenemos listo el calendario de trabajo para echar a andar rápidamente este Asocio.

De parte de El Salvador hay estudios y proyectos avanzados así como un marco legal elaborado que será presentado al parlamento para convertirlo en ley que regule esta nueva realidad.

Otras acciones, como la Iniciativa Bridge, que impulsa el Departamento de Estado, coadyuvarían a iniciar un proceso sostenido de crecimiento basado en la inversión privada nacional e internacional.

Por su parte, mi gobierno se ha comprometido a hacer su tarea en esta materia y en un punto esencial, que es un obstáculo insoslayable cuando hablamos de inversión y desarrollo.

Me refiero a la inseguridad reinante en el país y en la región. Me refiero a la lucha contra el crimen organizado, contra las organizaciones que operan en nuestro país, que generan altísimos índices de violencia y criminalidad.

Ustedes bien saben que nuestra región, más Colombia y México, esencialmente, constituyen el territorio de operación de los grandes cárteles de la droga y el crimen. Son organizaciones poderosísimas, que controlan y mueven más dinero que nuestros propios países. Un solo dato, confirma esto: sólo el contrabando de cocaína mueve una cifra en torno de los cien mil millones de dólares. Eso es casi 5 veces el PIB de mi país.

Al inicio de nuestra gestión decidimos dar un giro de 180% grados en materia de Seguridad, respecto de la inacción observada durante las gestiones que nos precedieron. Y resolvimos constituirnos en firmes impulsores de la integración regional de las políticas de seguridad, habida cuenta de que no habrá éxito en esta materia si no damos juntos la buena batalla, que necesariamente incorpora también a los Estados Unidos.

Formulamos iniciativas que están en desarrollo y asumimos ese liderazgo que siempre se requiere cuando se emprende un camino nuevo, cual es la formulación de un Plan Regional de combate al crimen organizado.

Somos concientes que estas son largas batallas, que no se ganan con voluntarismo ni con acciones meramente mediáticas. El esfuerzo que hacemos y que deberemos hacer es muy grande.

Hemos aumentado fuertemente el presupuesto del área de Seguridad del gobierno para llevar 8 mil soldados a las calles y aumentar en más de 4 mil el número de efectivos policiales.

En estos momentos el país enfrenta el desafío de obtener los recursos para atender un presupuesto extraordinario del orden de los 400 millones de dólares para profundizar el Plan de Seguridad. Son fondos que deberán destinarse a incorporar otros 4 mil nuevos policías; ampliar el radio de actuación militar; equipar los sistemas de inteligencia y comunicaciones de las fuerzas del orden. En fin, amigos, amigas: mi gobierno ha resuelto que esta batalla contra el crimen y por la paz y la seguridad es su mayor prioridad, por cuanto no podremos pensar en el futuro desarrollo económico y social del país con los actuales niveles de inseguridad imperantes.

Insisto: soy optimista al pensar que los cambios que se están operando en nuestro continente son alentadores y abren ciertas oportunidades para el despegue definitivo de nuestras naciones.

El asocio de mi país con los Estados Unidos es, desde ya, esa gran oportunidad que puede transformar radicalmente el país para colocarlo en la senda del crecimiento sostenido y para que pueda comenzar a bajar de modo creciente el nivel de pobreza y atraso que hoy tenemos.

Aprovecho la oportunidad para agradecer al Presidente Obama por haber escogido a El Salvador como una de los cuatro países que serán beneficiados con esta iniciativa de Asocio para el Crecimiento, lo que ayudara a identificar los obstáculos que impiden el logro de un crecimiento alto y sostenido.

Para mi gobierno esta iniciativa representa una buena excusa para construir un amplio consenso nacional alrededor de una agenda nacional de desarrollo así como una amplia coalición internacional a favor del desarrollo del país. Una de las grandes apuestas de mi gobierno, como he señalado antes, es la construcción de un nuevo modelo económico y social, inclusivo y eficiente, sustentado en una amplia base empresarial y en el dinamismo de la inversión privada nacional e internacional.

Antes de finalizar quisiera precisar un concepto que me parece esencial para los efectos de este foro.
Actualmente, y no sin razón, existe una visión optimista sobre América Latina: es la región del mundo que mejor resistió y supero la crisis internacional del 2008, y es la región que hoy en día muestra un mejor desempeño económico y una mayor solidez macroeconómica y fiscal. Estos logros son más significativos si se consideran que han ocurrido en un contexto de consolidación de la democracia y de una reducción notable de la pobreza.

Sin embargo, no debemos empalagarnos con dichos logros, ya que todavía tenemos enormes desafíos que superar para consolidar y hacer sostenibles dichas tendencias y procesos.

En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el buen comportamiento económico no ha sido homogéneo. Está claro que a estas alturas existen dos tipos de países: los productores de materias primas básicas y alimentos, que además tienen una notable diversificación de productos y mercados, y aquellos otros que no producen materias primas básicas y que son importadores netos de petróleo y alimentos, con el agravante de que cuentan con sectores exportadores poco diversificados tanto en términos de productos como de mercados. El primer tipo de países es el que ha salido beneficiado, mientras que el segundo grupo sigue enfrentando los mismos desafíos que en años pasados. Sin dejar de mencionar que la mayor parte de nuestros países siguen registrando inaceptables niveles de desigualdad que son sin duda incompatibles con el objetivo de la consolidación de la gobernabilidad democrática, altos niveles de violencia e inseguridad, producto en buena medida de la existencia del crimen organizado y de la debilidad de sus instituciones.

Este último desafío, la debilidad institucional, pone a la orden del día la necesidad de profundizar nuestras democracias.

Y es que solo alcanzando una sólida democracia, económica y social, podremos salir adelante.
Los problemas de la democracia –digo siempre- se resuelven con más democracia.

El acatamiento a la voluntad popular es el primer paso. Pero la democracia no debe detenerse en el ejercicio del voto. Debemos tener democracia plena para que desde el primero hasta el último de nuestros hijos e hijas tengan pleno acceso a la educación de calidad, a la salud, a la cultura, a los bienes que hacen a una vida digna.

No hay otro objetivo que pueda estar por encima de ese. No hay otra tarea más importante que nos deba distraer de esa batalla por la paz, la seguridad y la vida digna de nuestros pueblos.

Muchas gracias.